Anarquía en manejo de agua afecta abastecimiento
Mientras que muchos países del planeta celebran hoy el Día Mundial del Agua, Guatemala enfrenta la amenaza de la sed a causa de la ingobernabilidad en el recurso hídrico por falta de una legislación, la contaminación de las fuentes de abastecimiento, poco acceso al líquido entubado y los impactos ambientales por el cambio climático, que causan sequías e inundaciones.
La celebración fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1992, con el propósito de promover la importancia de aprovechar en forma racional el agua, así como proteger y conservar ese recurso; 17 años después, la situación en Guatemala sigue siendo crítica, y en el Congreso la ley de aguas duerme el sueño de los justos.
El 95 por ciento de las fuentes superficiales del país están contaminadas y más de la mitad de la población no tiene acceso a agua entubada, sobre todo en el área rural, según autoridades ambientales.
En la capital, el 17 por ciento de la población no dispone de agua municipal, y se abastece como puede. El resto recibe servicio domiciliar en forma racionada, reconocen autoridades de la Empresa Municipal de Agua (Empagua).
Juan José Alfaro, presidente del Instituto de Fomento Municipal (Infom), asegura que hay al menos 7.5 millones de guatemaltecos sin acceso al agua ni saneamiento, la mayoría en el área rural.
Calcula que se necesitan Q500 millones anuales durante cinco años solo para reducir en 50 por ciento ese déficit.
La contaminación es el mayor problema, ya que pese a la gran cantidad de recursos hídricos, las personas no pueden usar el agua de las fuentes naturales. El problema es cada vez más grave, debido a que por falta de una ley, los centros urbanos descargan sus desechos líquidos a los ríos y lagos, sin ningún tratamiento.
Muestreos efectuados por la Unidad de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente en regiones del oriente y occidente del país dan cuenta de que el 95 por ciento de las fuentes están contaminadas con heces fecales, informó Enrique Miranda, de la referida institución. A esto se suma que el 49 por ciento de la industria del área metropolitana no tiene estudios técnicos de tratamiento de aguas servidas.
El colmo de todo esto es que la disponibilidad, según el estudio Perfil Ambiental de Guatemala 2006, de la Universidad Rafael Landívar y del Instituto de Incidencia Ambiental, es de 85 mil millones de metros cúbicos anuales en el país.
Para consumo humano se necesitan 284 millones de metros cúbicos, para riego dos mil 200 millones y para hidroeléctricas dos mil 883 millones, por lo que todavía quedan sin utilizar 79 mil 663 millones.
Para el 2025, la demanda aumentará en: consumo humano, a mil 211 millones de metros cúbicos al año; para riego, 10 mil 200 millones, y para energía hidroeléctrica, 15 mil millones. La industria consume en la actualidad 850 millones de metros cúbicos, y para el 2025 se calcula que consumirá tres mil 625 millones.
Jaime Arimany, directivo de la Gremial de Energía Renovable, señala que una hidroeléctrica genera energía limpia y no consume el agua, solo utiliza su fuerza para mover las turbinas y luego regresa al río.
Carlos Mancilla, director de la Oficina para Guatemala de Cambio Climático, asevera que si no se toman acciones de adaptación a los trastornos del clima, el corredor seco del país se podría extender hasta las Verapaces y Quiché.
Eddy Sánchez, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), opina que el país no aprovecha el recurso porque mucha agua de los ríos emigra a otros países, y a eso se agrega que las ciudades no están donde hay más agua.
Destaca que la variabilidad climática es una amenaza para el país, porque por un lado podría haber sequías severas y por otro inundaciones devastadoras, ello debido a la deforestación, la cual hace que el agua de lluvia no se escurra al mar y no se filtre al subsuelo.
También advirtió el peligro de una explotación sin control del agua subterránea, que no solo ha causado un descenso de los mantos acuíferos, sino que podría repetirse lo de la colonia Venecia, Villa Nueva, en el 2003, cuando se produjeron hundimientos de casas, porque solo en ese pequeño espacio había 46 pozos.
Autoridades de Empagua han señalado que no hay un censo de los pozos privados en el valle de la capital ni de cuánta agua extraen, y tampoco pagan por explotar ese recurso. Sin embargo, se calcula que solo en la zona 9 hay unos 300 pozos privados.
Mediante monitoreo efectuado por la red de corresponsales de Prensa Libre en todo el territorio nacional, se pudo constatar que el problema del agua se agrava cada año al reducirse el acceso a ese recurso, lo cual en algunas localidades ha causado incluso enfrentamientos entre los pobladores.
César Cifuentes, técnico del Ministerio de Ambiente en Quetzaltenango, cuenta que en ese departamento la tala inmoderada y los incendios forestales están impidiendo la recarga hídrica y origina que los ríos bajen su caudal entre 10 y 20 por ciento.
Marvin Romero Santizo, hidrólogo independiente, enfatiza que Sololá pierde al año 2.6 por ciento de sus bosques, y de continuar a ese ritmo, para el 2022 se habrá agotado la fuente subterránea.
Víctor Arriaza, director de la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán, sostiene que además de escasez, las fuentes de abastecimiento en esa área tienen algún grado de contaminación por la filtración de aguas residuales de los municipios que lo rodean.
Pedro Saloj Quisquina, alcalde de la cabecera de Sololá, comenta que para la comuna el problema inmediato es el abastecimiento, y por la falta de agua empezó a racionar el líquido.
Guillermo Monterrosa, coordinador del Instituto Nacional de Bosques en Totonicapán, afirma que cada año se pierden 400 hectáreas de bosque, y eso impacta en las fuentes de agua.
Byron Herrera, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, subrayó que en Huehuetenango hay 15 conflictos derivados del agua por derecho de paso, propiedad de nacimientos y disputas de caudales.
Érick Urrutia, delegado del Ministerio de Ambiente en Quiché, opina que la Laguna de Lemoa, en Santa Cruz del Quiché, podría convertirse en un pantano dentro de 10 años, por el mal uso de esa fuente.
Delfino Natareno López, alcalde de ese municipio, reconoció que la falta de agua entubada obliga a las personas a utilizar esa laguna.
Raúl Rodríguez, de la auxiliatura departamental de Quiché, enfatiza que en la aldea Río Blanco, Sacapulas, existe una pugna entre los miembros de una asociación y los del Consejo Comunitario de Desarrollo por los derechos sobre un manantial.
Según Julio Mazariegos, del área de salud de ese departamento, el 70 por ciento de la población rural y el 40 por ciento en áreas urbanas consumen agua de mala calidad, por deficiente aplicación de cloro y falta de letrinas.
Lauro Portillo, delegado del Ministerio de Ambiente en Chimaltenango, afirma que los nacimientos de agua en ese lugar son de buena calidad, pero al llegar a las comunidades está contaminada por la basura que tiran malos vecinos a los afluentes.
Mario Sanic, del Consejo de Comunidades Mayas, asevera que solo el año pasado conocieron alrededor de 25 casos de aldeas en conflicto por disputa de los derechos de algún nacimiento de agua.
Sanic teme que degeneren en violencia, como ocurrió con vecinos de la aldea Bola de Oro, de la cabecera de Chimaltenango, y pobladores de Patzún, con enfrentamientos físicos.
En el Rosario I, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, los vecinos acusan a la comuna de no planificar el desfogue de los desechos líquidos, y ahora caen en una zanja cercana a las viviendas, y está contaminando los pozos artesanales que abastecen a la comunidad.
Lesbi Sanjel, paramédico del Centro de Salud de ese municipio, destaca que al menos 10 comunidades, entre ellas El Rosario I, tienen problemas por rotavirus. debido a las condiciones insalubres.
En Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, el alcalde Maynor Salazar denuncia que la tala sin control en la finca municipal Las Ilusiones amenaza con secar los manantiales que abastecen a varias comunidades.
En Barberena, Santa Rosa, la Laguna del Pino se está secando porque muchas personas lavan ropa y tiran basura en esas aguas.
En la aldea Los Esclavos, los vecinos descargan aguas servidas directamente en el río del mismo nombre.
La Asociación Campesina Ch’orti’ informa que el 80 por ciento de las fuentes que abastecen a Chiquimula están contaminadas con heces fecales, y el río San José, el más importante de ese departamento, con desechos hospitalarios y del rastro.
El río Tunico, El Estor, Izabal, ha disminuido en 90 por ciento de su caudal debido a la intensa tala en la sierra Santa Cruz, afirman lugareños.
David Pineda Acevedo, alcalde de Puerto Barrios, aceptó que esa ciudad es la que más contamina en Izabal, y justificó no tener fondos para mejorar la red de alcantarillado y construir una planta de tratamiento.
Arnoldo Oliva, delegado del Ministerio de Ambiente en Baja Verapaz, señala que solo el municipio de Granados da tratamiento a las aguas residuales, mientras la contaminación de los afluentes continúa.
Emilio Bolvito, alcalde de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, afirma que la deforestación ha secado nacimientos de agua y se queja de no poder clorar el agua porque los vecinos se niegan a pagar Q5 mensuales.
Orlando Vega, del Plan Internacional Salamá, destaca que en el 2005 detectaron que el agua estaba contaminada en 99 por ciento con heces, y ahora trabajan en educar a los adultos a la vez que se diseña una estrategia de diagnósticos comunitarios.
Fernando Alarcón, especialista en cuencas y mantos acuíferos, asegura que los ríos, lagos y lagunas de Santa Ana y Flores, Petén, tienden a secarse debido a la deforestación masiva y porque la formación geológica del suelo del área no permite el paso de agua subterránea.
Autoridades de Empagua han señalado la necesidad de construir un gran acueducto para traer agua desde Quiché, y así evitar que los capitalinos mueran de sed dentro de unos años.
Serrano destaca que un paso positivo es la implementación del reglamento de aguas residuales, herramienta que permitirá reducir los niveles de contaminación de las fuentes del líquido.
Marta Ayala, directora de la fundación ecológica Calmecac, opina que proteger los barrancos es una forma de mantener las zonas de recarga hídrica en la capital. Esa organización protege el barranco de la zona 2.
Alfaro considera que al pensar en ampliar la cobertura de agua entubada, se deben construir al mismo tiempo plantas de tratamiento de aguas servidas, para mantener el equilibrio de los caudales existentes.
Ana Luisa Noguera, abogada y ex directora del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), opina que si la mitad de la población no tiene acceso a agua es por la falta de una legislación sobre el recurso.
Señala la necesidad de poner orden, porque mientras la Constitución estipula que las aguas son bienes públicos, el Código Civil reconoce la propiedad del líquido en terrenos privados y el Código Municipal le asigna a las comunas la gestión del recurso solo en lo relativo al agua potable, y eso ha creado confusión en todos los sectores.
Fuente
www.prensalibre.com.gt